Nueva York, 3 de junio de 2011
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El presidente de la República, Nicolas Sarkozy, ha expresado claramente su deseo de que la Presidencia francesa del G20 se asocie lo máximo posible a la ONU y a su secretario general. Este es un punto fundamental. El G20 no puede ni debe sustituirse a otros organismos internacionales. Sin la ONU, sus agencias, fondos y programas, nos privaríamos de valiosas competencias y de una universalidad de puntos de vista imprescindible.
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El presidente de la República Francesa ha querido hacer de las cuestiones sociales una prioridad de la Presidencia del G20.
Situando las cuestiones sociales en el centro de la reflexión mundial, queremos extraer las enseñanzas de una crisis de una magnitud sin precedentes.
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Esta crisis ha tenido gravísimas consecuencias sociales en todo el mundo. No creo que haya un solo país que pueda decir que no ha sufrido sus consecuencias sociales. La crisis estuvo originada por desequilibrios financieros que se extendieron a la economía real, y que han provocado efectos devastadores en los mercados de trabajo.
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Pienso que la globalización es un paso adelante, que se traduce en creación de riqueza y reducción considerable de la pobreza en numerosos países, y también en el acceso a la educación y la salud.
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Pero nuestros conciudadanos no aceptan la globalización cuando conduce a desigualdades cada vez mayores, cuando implica paro y desesperanza. La globalización no es aceptada cuando millones de trabajadores en el mundo no disponen de ninguna protección social (…), cuando millones de individuos no tienen acceso a ningún servicio o centro de salud.
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Es por ello que no podemos contentarnos con regular la globalización únicamente desde un enfoque financiero. También debemos poner en marcha una regulación social de la globalización.
Frente a una crisis que ha sacudido a nuestras sociedades, frente a la inquietud y a la angustia de la opinión pública mundial, no podemos contentarnos con destacar nuestras buenas intenciones. Tenemos que aportar respuestas serenas, claras y creíbles.
Queremos aportar estas respuestas en el marco de los trabajos del G20, junto al conjunto de la comunidad internacional. El G20 representa el 85% del PIB mundial y 2/3 de la población.
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Pero para pasar del impulso a la acción, necesitamos la implicación de todos los países e instituciones internacionales que, nos consta, ya han integrado los retos sociales entre sus prioridades. Es el caso de la ONU, por supuesto, a través de UNICEF o del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Pienso también en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, que ha fijado unas orientaciones firmes que comprometen a cada uno de sus miembros. Pienso en la «Declaración sobre la Justicia social para una globalización equitativa» de 2008 y en el «Pacto Mundial por el Empleo» de 2009.
No quisiera olvidar al Banco Mundial, que tiene previsto adoptar próximamente una «Estrategia de Protección Social» y que ya ha tomado en consideración esta dimensión social en sus acciones sobre el terreno.
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Tampoco hay que olvidar al FMI que, tras la crisis, ha respaldado varios programas para sostener el gasto social en algunos países (…). La cooperación de las secretarías de la OMC y la BIT constituyen también un elemento positivo.
Actualmente, la dinámica está en marcha. La cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G20 celebrada en Pittsburgh en septiembre de 2009, y la de los ministros de Trabajo y Empleo reunida en Washington en abril de 2010, han permitido preparar firmemente el terreno. La propuesta de Francia es proseguir esta dinámica con todos aquellos que están convencidos de que tenemos que ir aún más lejos.
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Quisiera recordarles las cuatro prioridades de la Presidencia francesa del G20 en el ámbito social.
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El primer objetivo de la Presidencia francesa del G-20 es el empleo. Y empleo quiere decir, por supuesto, los jóvenes, sin olvidar el empleo de los más vulnerables.
Soy consciente de que la situación del mercado de trabajo es diferente de un país al otro (…). Creo que es importante que seamos capaces de compartir ambiciones comunes en materia de empleo, pese a que, para hacerlas realidad, cada uno sigue el camino que mejor le corresponde. Cada país tiene su historia, sus realidades políticas, económicas y sociales. Pero hay algo que está claro, en todos lo países nuestros conciudadanos nos hablan de empleo ante todo.
En el marco del G20, queremos insistir especialmente en el empleo de los jóvenes y los más vulnerables. Hace un rato, hacía hincapié en los parados de larga duración. Pienso que no podemos dejar que caigan, de forma inexorable, si no hacemos nada, en la exclusión. También creo que dar empleo a los jóvenes es una preocupación que todos compartimos (…).
Para llevar esta prioridad a la práctica, creo en el papel que pueden desempeñar los agentes sociales, porque queremos un diálogo social de calidad tanto a nivel nacional como internacional.
Es por ello que hemos escuchado con interés la propuesta que ha realizado la Confederación Sindical Internacional (CSI): como nos ha explicado la Sra. Burrow, nos parece importante crear un grupo de trabajo encargado de hacer un seguimiento de los trabajos del G20 en materia de empleo. Esta iniciativa permitiría hacer partícipes, de forma institucionalizada, a los agentes sociales. Queremos que esta idea ambiciosa, que se está convirtiendo en un proyecto ambicioso, se transforme ahora en una realidad igualmente ambiciosa. Y queremos trabajar intensamente sobre la cuestión con México, que asumirá la próxima Presidencia del G20.
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Otro objetivo de la Presidencia francesa del G20 es el desarrollo de un suelo de protección social a nivel internacional.
Quiero recordar una cifra: ocho de cada diez personas en el mundo no tienen acceso a un sistema completo de protección social. (…)
La protección social es uno de los Derechos Humanos fundamentales. Se trata del acceso a la salud, es una garantía de ingresos para las personas discapacitadas, para los parados y los trabajadores pobres. Se trata también de las prestaciones familiares, y todas esas ayudas que permiten hacer frente a los accidentes de la vida.
La protección social es un derecho y también un factor de crecimiento, no lo olvidemos. La protección social desempeña además un papel de amortiguador, en particular, durante las crisis como la que acabamos de vivir.
Soy consciente de que el contenido de esta protección social difiere según los países, porque las necesidades de la población no son las mismas. En los países que deben hacer frente al envejecimiento de la población, en Europa, por ejemplo, la urgencia es construir un sistema de jubilaciones perenne. Por el contrario, en numerosos países en desarrollo, el derecho social número uno es tener acceso al agua potable.
Por ello, no se trata de crear el mismo modelo en todos sitios: sería absurdo. Lo que sí tiene sentido, en cambio, es incitar a los países a adoptar una base que se adapte a su situación económica y social. Eso quiere decir que tenemos que desarrollar la protección social para los que no disponen de ella, mejorarla en los países en los que existe y hacerla sostenible también desde el punto de vista presupuestario. Y hay que hacerlo, siempre, respectando la soberanía de cada Estado.
Naciones Unidas pueden desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de este suelo de protección social. (…) De hecho, la iniciativa de este suelo fue una de las propuestas adoptadas por el Consejo de jefes de secretarías de Naciones Unidas en abril de 2009, para hacer frente a la crisis.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo desempeña un importante papel. Recuerdo el testimonio de la administradora asociada del PNUD, la Señora Grynspan durante la conferencia celebrada el 23 de mayo en París, en el marco de la preparación del G20, acerca de este suelo de protección social al que ha aportado todo su apoyo.
No partimos de cero: diversos países ya han adoptado diversas iniciativas para desarrollar sus sistemas de protección social. Pero, juntos, podemos ir más allá. El trabajo del grupo de alto nivel sobre el suelo de protección social, presidido por la Sra. Bachelet, que tiene previsto entregarnos su informe este verano, nos será de gran utilidad. Quiero de hecho hacer un reconocimiento a la calidad de su trabajo.
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El tercer objetivo de la Presidencia Francesa del G20 es promover el respeto de los derechos sociales y laborales.
No podemos favorecer un crecimiento económico y social sostenible si olvidamos los derechos fundamentales del trabajador. No está, por un lado, el crecimiento, y por otro, la justicia social: eso no es sostenible a largo plazo.
Promover la justicia social, hacer del trabajo un medio de cumplimiento y no de esclavitud es la ambición de la Organización Internacional del Trabajo desde sus orígenes. Nuestras propuestas están destinadas a respaldar su acción. Es por ello que Francia ha querido que el director general del BIT, el Señor Somavia, participe en las cumbres del G20.
No se trata sólo de las ratificaciones de las convenciones de la OIT. Más ampliamente, lo que importa es la aplicación efectiva y universal de los principios y derechos fundamentales, así como de las legislaciones sociales y laborales de cada país.
Creo que todos vemos lo que ello engloba: se trata de los salarios, la salud y la seguridad en el trabajo, el trabajo de los niños, la igualdad de acceso de las mujeres y los hombres al mercado de trabajo, el tiempo de trabajo y los mecanismos de diálogo social.
Soy muy consciente de que no se trata de armonizar en detalle todas las legislaciones laborales, pero en cambio, sí podemos, por ejemplo, trabajar en la promoción de la idea de un «trabajo digno», difundida por la OIT. Porque el derecho a un trabajo digno equivale al derecho a acceder a un trabajo de una calidad aceptable, un trabajo en el se protegen los derechos de la persona y con el que se garantiza un ingreso suficiente, además de una cobertura social.
Concretamente, ¿cómo se hace?
Tenemos que reflexionar sobre la manera de incorporar mejor el respeto de los derechos y principios fundamentales del trabajo en los regímenes internos de las instituciones que intervienen sobre el terreno, como los bancos regionales de desarrollo.
Asimismo, debemos facilitar la aplicación de estos principios en los países a través de programas de asistencia técnica, como el Programa «Better Work», basado en un acuerdo de colaboración entre la OIT y la Sociedad Financiera Internacional.
El respeto de los derechos laborales fundamentales no sólo atañe a los Estados y a las organizaciones internacionales. Al contrario, necesitamos que todos los actores del mundo laboral se movilicen.
Las cuestiones relativas a los derechos y principios laborales fundamentales atañen también a las empresas, por ejemplo, en sus relaciones con sus subcontratistas. Ciertamente, numerosas empresas han comprendido la importancia de este hecho con lo que se ha dado en llamar la responsabilidad social y medioambiental.
Pero, sin duda, podemos ir más lejos.
Es por ello que la Presidencia Francesa del G20 ha planteado la idea de que podamos reflexionar sobre el compromiso de todos los actores económicos y sociales, y no solamente de los Estados, para velar por la correcta aplicación de los derechos sociales del trabajo sobre el terreno.
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Por último, el cuarto objetivo es la mejora de la coordinación entre los distintos organismos internacionales.
Esta coordinación es fundamental para reforzar la coherencia entre las políticas sociales, por una parte, y las políticas económicas, financieras y de desarrollo, por otra. Queremos que las organizaciones internacionales coordinen mejor sus acciones a través, por ejemplo, de observadores cruzados.
La OIT y la OMC nos han trasladado su deseo de trabajar cada vez más conjuntamente. Este es un importante ejemplo de cooperación para todas las organizaciones internacionales. Tampoco es casualidad que Ángel Gurría y Juan Somavia hayan firmado un nuevo acuerdo de cooperación entre OCDE y la OIT. Asimismo, hemos instado al FMI o al Banco Mundial, y contamos además con el papel de coordinación del PNUD, como ya he dicho.
He aquí las cuatro prioridades de este G20 en materia social: el suelo de protección social, el empleo, la promoción de los derechos sociales y laborales y una coherencia necesaria.
